Contraloría detectó 38 hallazgos en el mandato del exalcalde de Santo Tomás, Luis Escorcia

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Un resultado de 38 hallazgos arrojó la auditoría regular por parte de la Contraloría Departamental del Atlántico, que se le practicó a la Administración Municipal de Santo Tomás encabezada por el exalcalde, Luis Alberto Escorcia Castro, durante las vigencias 2017, 2018 y 2019; de las cuales 21 son administrativos, 10 disciplinarios, 3 penales y 4 fiscales.

El ente de control indicó que 28 de los 38 hallazgos detectados en dicha auditoría, obedecen a la deficiente gestión contractual adelantada por parte del Municipio, debido a la inobservancia de requisitos mínimos que deben cumplir los contratistas, conforme a lo establecido por la ley. Teniendo en cuenta que, no se evidencian documentos de vital importancia, como: Constancias de Representación legal en el caso de las personas jurídicas, Informes de supervisión de los contratos, pago de estampillas departamentales

y/o municipales, soportes de antecedentes de contratistas, certificados de experiencia de contratista, certificados de idoneidad, informes de ejecución contractual debidamente soportados, registros fotográficos, actas de inicio, actas finales, actas de liquidación, se evidencian pagos extemporáneos de estampillas departamentales, documentos que acreditan la capacidad jurídica de los contratistas, entre otros.

Contratos alarmantes

El curso de la investigación evidenció espeluznantes descubrimientos, razón por la cual la Contraloría le puso la lupa

a 2 contratos en particular ya que estos generaron 3 hallazgos penales y son los siguientes:

1.El convenio de Asociación, celebrado con la Asociación de Municipios de la subregión Ciénaga Grande de Santa Marta

(Asociénaga), para la reconstrucción del Centro de Vida del Municipio de Santo Tomás, generó 2 hallazgos administrativos, de 1 disciplinario, 1 fiscal y 1 penal, siendo elevado a un posible Detrimento Patrimonial por la suma de $602.487.430,

debido a que no se evidencia el cumplimiento del objeto contratado y por ende se ocasiona la pérdida de ingresos potenciales, afectando la inversión social. No se evidencia la constancia de la representación legal de la Asociación, sus estatutos, así como tampoco el documento que acredita la capacidad jurídica de la Asociación para contratar, lo cual significa que se suscribió un contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.

El convenio de Asociación, celebrado con la Asociación de Municipios para el suministro de instalación de cámaras de seguridad como apoyo al fortalecimiento de las acciones adelantadas por las fuerzas policiales en el municipio, generó 3 hallazgos administrativos, 3

disciplinarios, 1 fiscal y 1 penal; en este convenio se evidencia la mala fe del contratante, si no cómo se explica que el registro presupuestal fue expedido con fecha anterior a la suscripción del convenio, presentación de la propuesta, propuesta económica, revisión de la propuesta, y la resolución de justificación de la contratación directa; además en la propuesta económica se incluye un costo de administración e imprevistos por $35.483.869 y $3.225.806, valores que debían ser aportados por el contratista, de acuerdo a la cláusula 4 del convenio; dejando claro que no nos encontramos frente a un convenio interadministrativo que busca la solución de problemas entre los entes contratantes, sino frente a un contrato de obra, que bien pudo someterse a un proceso de selección, con el objetivo de escoger una mejor propuesta y de esta manera proteger los recursos del Municipio.

Tampoco se evidencia la constancia de la representación legal de la Asociación, sus estatutos, ni se encuentra acreditada la capacidad jurídica de la Asociación para contratar, No aparece el acta de reunión del comité de seguridad del Municipio donde se aprueba la necesidad de lo contratado.

Asimismo, la Contraloría indicó, dentro de los 10 hallazgos restantes, encontramos que se deben, entre otros, a que la entidad territorial no ejecutó su presupuesto de gastos de acuerdo al comportamiento de los recaudos, lo que repercutió negativamente en las cuentas por pagar de las vigencias 2019-2020, es decir adquirió compromisos superiores a sus ingresos, ocasionando un déficit de tesorería.

También se detectó que al cotejar las modificaciones presupuestales registradas en las ejecuciones de ingresos de las vigencias auditadas, existen inconsistencias respecto a las reportadas a través de decretos, toda vez que las cifras develadas son diferentes en uno y otro documento, en resumen, en la ejecución de ingresos se consignaban unas cifras y en los decretos se consignaban otras.

No es menos importante decir que en las vigencias auditadas se revela una sobreestimación considerable en algunas cuentas del Municipio, como es el caso por ejemplo de la cuenta 2401, denominada adquisición de bienes y servicios nacionales, la cual se sobrestimó en -5.499.999.80, todo esto, teniendo en cuenta su saldo en libros y el saldo develado en la plataforma Chip.

Más contrataciones sin soportes

El ente de control reveló los detalles de las exageradas contrataciones e innecesarias de la Alcaldía de Santo Tomás en cabeza del exmandatario Luis Alberto Escorcia, basándose en la falta de documentación y soportes tal como lo establece la ley, algunos de ellos son: *Con la Cooperativa Cootransoriente, la Alcaldía adquirió el servicio de suministro de combustible (gasolina corriente,

Acpm Diesel). Para el componente de movilidad de la Policía Nacional, Ejército y Fiscalía, asentada en el municipio de Santo Tomás por el valor de $21.500.000 (anticipo del 50%). De acuerdo al análisis de la Contraloría del Atlántico, en el contrato no se evidenció los informes de los contratistas que soportan la entrega del suministro de combustible realizado en el municipio. Tampoco hay un informe por parte del supervisor que evidencie el cumplimiento del objetivo contratado, no soporta liquidación ni pago de impuestos departamentales y municipales.

*Con la Fundación para el Desarrollo Sostenible del Caribe Colombiano “Fudesca” la Alcaldía contrató apoyo logístico para la organización de las actividades artísticas y culturales en la conmemoración de las fiestas patronales por el valor

de $23.000.000, en la carpeta que contiene el desarrollo del mismo, no se observan antecedentes disciplinarios, judiciales, fiscales, copia de la cédula de ciudadanía, copia del RUT.

No aporte certificados de experiencia, no hay certificado de inexistencia de personal de planta, no se evidencia el certificado de idoneidad; tampoco el cumplimiento de las actividades que describe el contratista en su informe contractual. No existen registros fotográficos.

*Con Jaime Alfonso Romero Reales, la Administración de esa población contrató los servicios de mantenimiento y reparación de motobombas de 24° instaladas en el barrio Siete de Agosto para evacuar aguas lluvias represadas en ese sector, por el monto de $20.950.000. La auditoría indicó que, una vez revisada la carpeta contractual, hay evidencia que carece de documentos que conforman la etapa precontractual, es decir los antecedentes disciplinarios, judiciales, fiscales, entre otras cosas.

*Con Fundación Atlántico Solidario, el alcalde contrató la prestación de servicios profesionales a la Secretaría de Gobierno para el acompañamiento en la estructura y elaboración de instrumentos de archivos en el marco del programa “Gestión y Plan Institucional de Archivos” por $22.000.000. La contratista no cuenta con informes de supervisión, solo se limita al recibo de satisfacción del supervisor, igualmente ni acta de liquidación del contrato.

*Con respecto a la Fundación por el Renacer de un Mundo Mejor, la Alcaldía adquirió el servicio de apoyo logístico y atención al personal de Policía, Ejército, Fuerza Aérea, Tránsito, Cuerpo de Bomberos, Hospital local y Defensa Civil, quienes garantizan la seguridad y convivencia ciudadana en el municipio, el valor del contrato fue por $55.000.000. El ente de control encontró que no existía personal suficiente en la planta del personal, no existen informes de las actividades por el contratista y del supervisor; así como en la carpeta contractual no se encuentran anexos los pagos realizados.

*Con Fundación 180 grados, se contrata la prestación de servicios de apoyo logístico y atención al personal de la Policía, Tránsito, Fuerza Aérea, Transporte, Ejército, quienes garantizan la seguridad y convivencia en Santo Tomás durante la realización de la batalla de flores y Reinado Intermunicipal versión 2019 por $35.000.000.

El contratista no aportó certificados de experiencia, no hay informes de actividades, ni registros fotográficos, no se observa el cumplimiento toral de las obligaciones específicas en la minuta contractual.

*Con Asociación de Municipios de la Región Caribe -Asorec, el alcalde contrató para aunar esfuerzos y recursos entre las entidades involucradas para realizar inversiones necesarias orientadas al desarrollo del proyecto de suministro de instalación de cámaras de seguridad, como apoyo al fortalecimiento de las acciones que adelantan las fuerzas policiales. Por el valor de $200.000.000, en dicha propuesta se evidencia el cobro de la administración y los imprevistos por $35.483.869 y $3.225.806 reflejando que no se está en frente de un interadministrativo que busca la solución de problemas entre entes contratantes.

*Con la Asociación de Municipios de la Subregión Ciénaga Grande de Santa Marta “Asociénega” por $508.000.000 en donde el municipio aporta la suma de $500.0000.000 y la asociación contribuye con $8.000.000. Según lo encontrado en la auditoría por la Contraloría no se evidencia la constancia de la representación legal de la Asociación de Municipios Asorec.

*El alcalde realiza una contratación con la Alcaldía de Santo Tomás siendo el representante legal, con el objetivo de aunar esfuerzos y recursos entre las entidades involucradas para la reconstrucción del Centro de Vida del municipio.

De acuerdo con los datos aportados por la Contraloría, la edificación Centro de Vida es relativamente nueva, con apenas un año aproximado de haberse construido y en la actualidad presenta un avanzado estado de deterioro, razón por la cual no está siendo utilizada ni cumpliendo con el objetivo contractual para la cual fue construida. Por muchas razones como filtraciones, humedad, mal estado, puede convertirse en un “elefante blanco” que se eleva a posible detrimento patrimonial en la totalidad de su costo de contratación y cancelado por $602.487.430.00.

Tomado de diariolalibertad.com