¿Sabanagrande se acogerá a ley 550?

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No descarta la posibilidad y estudian alternativas para pagar deuda a Comcel.

Con el fin de responder a las acreencias con la empresa de telefonía Comcel, que ascienden a la suma de $10.579 millones, la Alcaldía de Sabanagrande avanza en el análisis de tres alternativas que le permitan establecer un método de pago tras la acción de cumplimiento fallada en su contra por el Juzgado 35 Administrativo de Bogotá.

El alcalde Gustavo de la Rosa explicó que presentó un recurso ante el Tribunal Contencioso de Cundinamarca para manifestar que el deber ser “era devolver el dinero de manera inmediata”. Sin embargo, no será posible debido a que no hay una fiducia y que el panorama que se encontró en la Alcaldía fue de “cero pesos”.

El mandatario local detalló que la primera opción es solicitar el apoyo por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica y la Procuraduría General de la Nación para encontrar alternativas de concertación. Por eso avanzan en el “análisis minucioso” de la sentencia con la Oficina Jurídica y la Secretaría de Hacienda de la Gobernación del Atlántico.

De forma paralela, la administración municipal sostiene mesas de diálogo con la empresa de telefonía en busca de una solución concertada.

Por último, la tercera opción –que será la última en agotar– será acceder a la reestructuración de pasivos a través de la Ley 550 ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Según el alcalde, esta alternativa “causaría que el municipio perdiera cualquier autonomía administrativa financiera”.

Cabe mencionar que la Ley 550 de 1999 establece la intervención del Estado en la economía, con el fin de promover la reactivación y el empleo, mediante la celebración de acuerdos de reestructuración a favor de las empresas que se encuentren en dificultades para atender sus obligaciones pecuniarias y que, no obstante, se consideren económicamente viables.

Respecto a la “condena” económica que afronta Sabanagrande, el alcalde De la Rosa dijo que “la empresa Comcel debe entender que a los mandatarios que seguimos después de esos alcaldes irresponsables no nos deberían de condenar de la misma manera, porque más bien queremos tratar de buscar una facilidad con cuotas de pago para llegar a feliz término en esta situación”.

Por este caso, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad de diez años al entonces alcalde de Sabanagrande, José Mario Romero Cahuana, y a su secretario de Hacienda, Arot Guillermo Caballero Gómez.